martes, 11 de agosto de 2009

SECCIÓN AGRICULTURA-ECONOMÍA



Una nueva normativa entrará en vigor pronto cuando existen serios problemas de rentabilidad en las explotaciones
LA UNIÓ solicita un aplazamiento de las inversiones en las granjas de porcino debido a la crisis por la que atraviesa el sector
11 de agosto de 2009.- LA UNIÓ ha solicitado a las Administraciones Públicas (Conselleria de Agricultura y Ministerio de Medio Rural) que aplacen las inversiones que exige una nueva normativa que obligará a realizar fuertes desembolsos económicos en los próximos años a un sector que está sumido en una grave crisis de precios.

En este sentido ha pedido a la Conselleria de Agricultura que inste al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a que aplace la entrada en vigor en 2013 de un Real Decreto que obligará a partir de esa fecha a que los productores de porcino tengan en marcha unas mejoras en sus explotaciones que tienen un alto coste económico.

Las medidas exigidas por esta normativa que van dirigidas a una clara mejora del espacio disponible por los animales, son compartidas en su totalidad por el sector y su intención es la adaptación a estos requisitos para la adaptación a las exigencias de los consumidores. Pero esta adaptación, en el contexto actual del sector, supone un gasto extraordinario muy importante al que muchas explotaciones no podrán hacer frente. No ya sólo por el desembolso directo que implica la adecuación, ni al hecho de arrastrar dos años de pérdidas, sino también a la situación financiera a la que está abocada la economía.

LA UNIÓ señala que la crisis por el encarecimiento de las materias primas, unida a la crisis económica actual han reducido al mínimo la capacidad de inversión. En este contexto, y a tres años de la aplicación íntegra del mencionado Real Decreto, numerosas explotaciones son incapaces de asumir los gastos asociados a la reconversión de las granjas porque los productores de porcino están descapitalizados y la financiación externa, muy limitada, ya no es una alternativa.

Adaptar las explotaciones a la normativa supondría un coste de unos 670 €/cerda. A pesar de esta cifra hay que tener en cuenta que para mantener los efectivos haría falta incrementar en un 44% la superficie necesaria, puesto que la superficie disponible por cerda debe ser como mínimo de 2.25 m2. En caso de no ser posible, la capacidad de la explotación se debería reducir, pudiéndose comprometer la rentabilidad de las instalaciones.

Josep Botella, secretario general de LA UNIÓ, cree que "es necesario un aplazamiento en la aplicación de los puntos del Real Decreto que entrarán en vigor a partir del 2013, hasta que el sector pueda hacer frente a esos nuevos requisitos, una vez recuperados de la crisis".
Para más información: Josep Botella, Secretario General LA UNIÓ (670 51 87 62)

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